Antes de la creación formal de la Procuraduría General de la República (PGR), la representación legal de la Hacienda Pública estaba en manos del Fiscal General de Hacienda, figura establecida en el artículo 167 de la Constitución de la República de 1936. Dicha figura tenía a su cargo la ejecución de las resoluciones derivadas de las acciones fiscalizadoras del Tribunal Superior de Cuentas, y su actuar estaba regulado por una ley especial. 

La Constitución Política de 1957 marcó un punto de inflexión institucional al establecer, en sus artículos 294 al 298, la creación de la Procuraduría General de la República de Honduras, como la entidad responsable de representar los intereses del Estado. Estos artículos establecieron la estructura básica y las funciones del Procurador General y el Subprocurador, así como los requisitos para ejercer dichos cargos y la duración de su mandato. También se definió la relación de coordinación entre la PGR y los órganos auditores del Estado, otorgándole a la Procuraduría la potestad de ejecutar las resoluciones de responsabilidad civil emitidas por la entonces Contraloría General de la República. 

Posteriormente, el 11 de marzo de 1961, el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 17,343 del 5 de abril del mismo año. A partir de esta fecha, la institución inició formalmente sus funciones, consolidándose como el órgano legal encargado de la defensa del patrimonio público del Estado de Honduras. 

La vigencia de esta función ha sido reafirmada por la Constitución de 1982, que en su artículo 228, mantiene las atribuciones esenciales de la PGR y su papel fundamental en el sistema jurídico del país. 

Desde su fundación, la Procuraduría General de la República ha sido clave en la defensa de los intereses del Estado, construyendo procesos jurídicos, recuperando el patrimonio estatal y promoviendo una gestión institucional basada en la legalidad y el servicio público. Su labor continúa siendo esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras.