Tribunal del Centro de Conciliación y Arbitraje de la CCIT resolvió declarar SIN LUGAR las pretensiones de la empresa Terminal Internacional de Castilla (TICSA), que exigía al Estado de Honduras el pago de más de 220 millones de lempiras.

Con este fallo, se confirma una vez más la solidez de la defensa jurídica de los intereses del Estado, evitando un perjuicio financiero al Tesoro Nacional y garantizando la protección del patrimonio público.