La Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Fuerza de Tarea Interinstitucional Contra el Delito Ambiental (FTIA), ejecutó un operativo en La Ceiba tras recibir una denuncia por extracción ilegal de material pétreo en la desembocadura del río Cangrejal.

En la acción participaron representantes del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y del Segundo Batallón de Protección Ambiental (BPA), quienes realizaron una inspección ubicado en la orilla de la playa, donde se hallaron indicios de actividades ilícitas dentro de la concesión minera no metálica “PATY”, propiedad de la empresa ABACTLAN.

Posteriormente, se inspeccionaron tres planteles destinados al acopio y comercialización de materiales pétreos, así como un plantel en construcción en las cercanías del Muelle de Cabotaje. Sin embargo, las diligencias realizadas para identificar el punto exacto de extracción presuntamente ilegal no permitieron obtener pruebas concluyentes que confirmaran dicha actividad.

Como resultado de las acciones de control, se decomisaron 281.81 pies tablares de madera, correspondientes a 12 piezas de la especie Laurel Blanco (Cordia alliodora), encontradas en un plantel perteneciente a la empresa Construcciones Mi Roca.

Aunque los propietarios presentaron una constancia de la Gerencia Ambiental Municipal de La Ceiba que autorizaba labores de corte, limpieza y relleno, se verificó que aprovecharon productos forestales sin haber gestionado ni obtenido el permiso correspondiente ante el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

La PGR recuerda a la ciudadanía que toda actividad relacionada con el aprovechamiento de recursos forestales ya sea para fines comerciales o domésticos, requiere autorización previa otorgada por el ICF mediante los trámites establecidos.

El incumplimiento de esta normativa constituye una infracción ambiental y puede configurar un delito según el Artículo 325 del Código Penal de la República de Honduras, que sanciona la explotación ilegal de recursos naturales.